Al Margen de la ley - Por Daniel Martín

A los políticos españoles se les llena la boca cuando hablan de nuestro Estado de Derecho. Es decir, de un Estado donde la ley, manifestación de la voluntad popular representada en el Parlamento, rige soberanamente sobre el resto de los elementos públicos que componen ese ente abstracto cuyo reverso es la Sociedad. Me pregunto si los políticos saben en qué consiste un Estado de Derecho y si se creen lo que dicen cuando lo mencionan. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero es obvio que confunde el concepto con un Estado de derechos que, por otra parte, restringe sistemáticamente salvo los de cualquier minoría, incluidas las de Zimbabwe. En el resto de los políticos, uno sospecha que o mienten descaradamente o muestran una ignorancia a prueba de bombas.

España, a pesar de que su Constitución la defina como Estado de Derecho, es un lugar donde hacen leyes que luego no se aplican, sobre todo en aquellos casos más conflictivos o que requieren un esfuerzo continuado, sereno e inteligente. Aquí, cuando ocurre, la ley se suele ejecutar y aplicar mal, y son muchos los que pueden vivir al margen de la ley sin apenas despeinarse, especialmente si hablamos de los páramos de la alta política.

Este pasado fin de semana Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, aseguró a Europa Press que Zapatero es ?el responsable de un complot de Estado contra el PP?. Duras acusaciones que, según la última moda, no iban acompañadas de pruebas. En este tipo de casos la Justicia debería o comenzar una investigación contra el malvado Primer Ministro que se supone utiliza los medios estatales en interés partidista o detener al calumniador por tamaña mentira sin apoyo probatorio. Eso es lo que debe pasar en un auténtico Estado de Derecho. Pero aquí ya sabemos que nunca pasa nada.

El caso más claro y revelador de la anarquía legal que sufrimos es el del Tribunal Constitucional. Éste existe porque así lo establece la Constitución y una ley de los años 80. No queda claro si sirve para algo, si es superior al Supremo o si no deberían confundirse sus sentencias con las de éste. Pero lo que es seguro es que existe por ley, y que sus miembros se renuevan cada cierto numero de años.

Pues bien, el Constitucional espera renovación desde otoño de 2007. Eso dice la ley. Pero aquí no pasa nada por un retraso tan evidente y que tiene mucho de doloso en cuanto viene provocado por los intereses de PP y PSOE en colocar a magistrados obedientes que cumplan antes con la gratitud hacia sus padrinos que con la ley que, pobrecita, como se ve siempre es la que más recibe... por detrás.

Por si fuera poco, el Tribunal Constitucional tiene entre sus manos un recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatut de Cataluña desde varios años. Mientras, esta ley sí se aplica con efectos que en muchos casos serán de difícil o imposible solución. Ni el TC cumple con su cometido legal ni se ha suspendido una ley que puede ser declarada inconstitucional en muchos de sus apartados. Así se vive en España, al margen de la ley sin que eso suponga ningún tipo de problema.

Ahora, en los calores de agosto que vacían ciudades, se ha convertido en noticia de gran relumbre que Francisco Caamaño, ministro de Justicia, haya hablado sobre el Constitucional y sobre el recurso del Estatut. Ah, ¿pero todavía hay alguien que se acuerde del asunto? Lo realmente curioso es que aquí nadie toma medidas, legales, para que se renueve de una puñetera vez ese tribunal ni para que se agilicen los puñeteros trámites de una sentencia que puede cambiar la fisonomía de España al margen de los trámites establecidos por la Constitución del 78. Es decir, ilegalmente.

La semana pasada mencioné que España era la única monarquía bananera del planeta. Puede parecer exagerado, pero los países bananeros se caracterizan fundamentalmente porque sus tiranos actúan sin contar con la ley establecida. Su voluntad se impone al imperio legal. Puro despotismo del que Montesquieu tan bien describió en El espíritu de las leyes. Aquí tampoco impera la ley. Sólo que en lugar de dictadores tenemos partidos y "colocados". Es su nada santa voluntad la que rige los destinos de nuestra nación y sus sucursales. No creo que el barón de Secondat pudiese imaginar que la democracia pudiese teñirse de despótica oligarquía. Aquellos eran otros tiempos, y el ilustrado era un francés anglófilo. Poco después alguien dijo que África comienza en los Pirineos. Sin querer ofender, en ningún momento, a los africanos.


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Y como siempre digo, ¿y tú qué opinas?

un saludo desde áfrica.